Amnistía Internacional (AI) ha reconocido como preso de conciencia al profesor y activista político cubano Pedro Albert Sánchez, pidiendo al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez que lo libere "de forma inmediata e incondicional".
Contexto de las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021
La organización no gubernamental anunció esta decisión el lunes, justo antes del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba. En este marco, emitió una declaración exigiendo al régimen liberar a todas las personas encarceladas injustamente solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Entre los presos de conciencia mencionados, se encuentran figuras como José Daniel Ferrer García, líder opositor; los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo; y los sacerdotes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro.
El comunicado de AI resaltó que Pedro Albert, de 68 años, es conocido por sus críticas al régimen cubano y su defensa de la libertad de expresión y de reunión pacífica. Desde 2020, ha sido detenido en múltiples ocasiones por participar en protestas pacíficas y expresar opiniones disidentes.
Acusaciones y condiciones de encarcelamiento
Por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, el régimen lo acusó de “desacato” y “desórdenes públicos”, resultando en una condena de cinco años de cárcel. AI denunció que desde noviembre de 2023, el profesor ha permanecido en prisión bajo "condiciones duras que han deteriorado aún más su salud", ya que sufre de cáncer y otras enfermedades. Por ello, emitió una acción urgente el 7 de julio, exhortando a personas de todo el mundo a exigir su liberación inmediata y sin condiciones.
La declaración de AI también subraya que el Estado cubano debe cesar la represión sistemática contra activistas, artistas, familiares de presos políticos, intelectuales y periodistas. Como parte de esto, se insta a derogar los artículos del Código Penal que criminalizan la disidencia y violan el derecho a la libertad de expresión.
Reacciones y denuncias adicionales
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó de "inaceptable" que las autoridades cubanas continúen utilizando tácticas represivas para silenciar a quienes defienden sus derechos humanos. “Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas”, enfatizó.
La ONG afirmó que la situación de derechos humanos en Cuba sigue deteriorándose, con un aumento de la represión y la criminalización de la disidencia. Desde la implementación de nuevas disposiciones legales en 2022, incluido el Código Penal, se ha documentado un uso indebido de estas leyes para perseguir a personas que intentan ejercer libremente sus derechos.
AI denunció prácticas sistemáticas de represión, que incluyen criminalización, detenciones arbitrarias, detenciones domiciliarias de facto, hostigamiento, citaciones y sanciones administrativas contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como cortes de internet en lugares donde se ubican protestas espontáneas.
Casos notorios y cifras alarmantes
Uno de los casos más notorios es el de José Daniel Ferrer, quien ha sufrido confinamiento solitario en repetidas ocasiones desde agosto de 2021, con prolongados períodos de incomunicación desde marzo de 2023. Además, se le ha negado el derecho a recibir visitas de su familia.
AI también denunció las violaciones a los derechos humanos de otros activistas como Mayelín Rodríguez Prado, Wilber Aguilar Bravo, el músico Gorki Águila, el periodista Yuri Valle Roca y las historiadoras Alina Bárbara López y Jenny Pantoja.
Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para el Caribe de AI, subrayó la necesidad urgente de desmantelar las políticas y el marco legal que facilitan la represión en Cuba. "Muchas de estas personas continúan tras las rejas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su liberación inmediata e incondicional y el respeto a su derecho de disentir es esencial para garantizar los derechos humanos en el país", advirtió.
Amnistía también señaló que en los últimos tres años, organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han registrado entre 963 y 1,113 personas detenidas por razones políticas en Cuba. De ellas, al menos 671 continúan encarceladas por su participación en el estallido popular del 11 de julio.
“Las protestas en Cuba, impulsadas por una crisis económica persistente, la falta de acceso a servicios básicos, y reclamos de libertad y derechos, han sido respondidas con una sofisticada maquinaria represiva”, concluyó AI, llamando al régimen de Díaz-Canel a respetar el derecho a la protesta pacífica, poner fin a la represión y liberar a las personas injustamente encarceladas solo por exigir derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre la situación de derechos humanos en Cuba
A continuación, presentamos respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre la situación de derechos humanos en Cuba y el caso del profesor Pedro Albert Sánchez.
¿Quién es Pedro Albert Sánchez?
Pedro Albert Sánchez es un profesor y activista político cubano conocido por sus críticas al régimen cubano y su defensa de la libertad de expresión y de reunión pacífica.
¿Por qué fue encarcelado Pedro Albert Sánchez?
Pedro Albert Sánchez fue encarcelado por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y fue acusado de “desacato” y “desórdenes públicos”, resultando en una condena de cinco años de prisión.
¿Qué ha denunciado Amnistía Internacional sobre la situación en Cuba?
Amnistía Internacional ha denunciado la represión sistemática contra activistas, artistas, familiares de presos políticos, intelectuales y periodistas en Cuba, además de exigir la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos.
¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Cuba según AI?
Según Amnistía Internacional, la situación de derechos humanos en Cuba sigue deteriorándose, con un aumento de la represión y criminalización de la disidencia, y la implementación de nuevas disposiciones legales que se utilizan para perseguir a quienes intentan ejercer libremente sus derechos.