Un juez federal en Texas ordenó este lunes una pausa temporal en el programa migratorio Parole in Place (PIP), que permite a los cónyuges inmigrantes ilegales de ciudadanos estadounidenses, que cumplan ciertos requisitos, obtener un camino hacia la ciudadanía.
La decisión fue tomada por el juez de distrito de Texas, J. Campbell Barker, quien emitió una suspensión administrativa después de que 16 estados, liderados por fiscales generales republicanos, presentaran una demanda el pasado 23 de agosto, bajo el argumento de que la política incentivaría la inmigración ilegal.
El juez Barker señaló que las demandas planteadas son serias y que merecen un análisis más profundo, que la corte todavía no ha podido realizar. La pausa se produjo justo una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a aceptar solicitudes, el pasado 19 de agosto.
La orden suspenderá el programa por al menos 15 días mientras continúa el proceso legal. Abogados que representan a las familias elegibles confirmaron que varias de ellas ya habían sido notificadas sobre la recepción de sus solicitudes antes de la suspensión.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, criticó la decisión bajo el argumento de que "Texas no debería tener el poder de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentar la realidad".
El presidente Joe Biden había anunciado el programa de Parole in Place en junio. El PIP ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no tienen estatus legal, pero que cumplen con ciertos requisitos, una vía para obtener la ciudadanía mediante la solicitud de una tarjeta verde, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos durante el proceso.
Detalles del programa Parole in Place
Anteriormente, obtener la residencia para aquellos que estaban en el país de manera ilegal tras casarse con un ciudadano estadounidense era un proceso complejo y riesgoso, que a menudo implicaba regresar al país de origen sin la certeza de poder regresar a Estados Unidos.
Para ser elegibles, los solicitantes deben haber estado en Estados Unidos de manera continua durante al menos 10 años, no representar un peligro para la seguridad, no tener antecedentes penales que los descalifiquen y estar casados con un ciudadano estadounidense con fecha anterior al 17 de junio de este año.
Los solicitantes deben pagar una tarifa de 580 dólares y completar un formulario (I-131F) que incluya la explicación de por qué merecen el parole, además de una extensa lista de documentos que confirmen que el solicitante ha estado de forma continua en el país. Si la solicitud es aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los peticionarios tendrán tres años para alcanzar la residencia permanente y durante ese período podrán obtener autorización para trabajar.
La Casa Blanca estima que aproximadamente 500,000 personas podrían ser elegibles para este programa, además de unos 50,000 de sus hijos. Antes de esta primera pausa temporal, que no se sabe en qué sentido se resolverá, otra de las dudas y riesgos planteados por los abogados era si este programa sobrevivirá a las futuras elecciones presidenciales.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión del programa Parole in Place
A continuación, ofrecemos respuestas a algunas preguntas comunes sobre la reciente suspensión del programa Parole in Place y su impacto en los inmigrantes y sus familias.
¿Por qué se suspendió el programa Parole in Place?
El programa fue suspendido temporalmente por una orden del juez federal J. Campbell Barker en respuesta a una demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales generales republicanos, quienes argumentaron que la política incentivaría la inmigración ilegal.
¿Cuánto tiempo estará suspendido el programa?
La orden suspenderá el programa por al menos 15 días mientras continúa el proceso legal. Sin embargo, el futuro del programa dependerá del resultado de este proceso.
¿Qué deben hacer las familias que ya han presentado solicitudes?
Las familias que ya han presentado solicitudes deben esperar a recibir notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el estado de sus solicitudes. Abogados que representan a las familias confirmaron que varias de ellas ya habían sido notificadas sobre la recepción de sus solicitudes antes de la suspensión.